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Ramón Vizcaíno, abocada al concurso de acreedores tras la retirada de AIAC
El grupo de EE UU alega que «ni abandona ni incumple nada porque nunca ha llegado a formar parte de la empresa» de Oiartzun
04.02.11

El grupo inversor se negó ayer a firmar su dimisión del consejo de administración
La plantilla asegura que los profesionales de AIAC «han gestionado y cobrado de Vizcaíno»
No hubo sorpresa. Ni conejo dentro de la chistera en forma de inversor de última hora. La junta de accionistas de Ramón Vizcaíno, celebrada ayer en una notaría de San Sebastián a tres bandas -Gobierno Vasco, AIAC y Jesús Gómez Montoya- confirmó la decisión del grupo estadounidense de desentenderse del plan de rescate, dejando a la compañía de Oiartzun sin empresario, sin dinero, sin plan industrial y con una deuda de más de 50 millones de euros. Una situación que parece abocarla, cuando menos, a un concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
La representación del grupo norteamericano alegó, ante la sorpresa de los presentes, que no se trata de ningún abandono, ya que «AIAC no ha formado parte de la estructura de Ramón Vizcaíno». De hecho, la multinacional se negó a firmar una carta de dimisión como miembro del consejo de administración, insistiendo en que «nunca hemos sido parte de la empresa». Según la versión del grupo industrial experto en el rescate de empresas en crisis, «hemos estudiado la situación de la empresa y no nos ha convencido». Añadió que «las instituciones no han puesto el dinero comprometido, y así no hay rescate».
La versión del representante de AIAC contrasta con la de la consejería de Industria, la encargada desde el comienzo de liderar el proceso de salvación. El departamento que dirige Bernabé Unda advirtió en enero que AIAC había reclamado diez millones de euros más de los 22,5 previstos para salvar la empresa, y que cuando el Ejecutivo mostró su disposición a estudiar el asunto y corresponsabilizarse de esta nueva aportación, la respuesta de los americanos fue «que no ponen dinero» porque «no es su modo de proceder».
«Corresponsabilidad»
De hecho, los 22,5 millones acordados en el plan de rescate firmado el 30 de julio pasado corrían a cargo del Ejecutivo autónomo (11,25 millones), Kutxa (3,5 millones), Diputación de Gipuzkoa (2,25) y el banco Fortis (5 millones). Este último venía de la mano de AIAC. El Gobierno Vasco rechazó entonces destinar en solitario más dinero público a una compañía que iba a quedar en manos de un grupo industrial que no había aportado «ni un céntimo». En consecuencia, exigió a los inversores norteamericanos «corresponsabilidad». Una financiación compartida que fue rechazada de plano por la otra parte.
La versión de AIAC también fue contestada ayer por los trabajadores, concentrados a las puertas de la notaría donde se celebró la junta, y que rechazaron su punto de vista. Señalaron que la labor del grupo estadounidense «ha sido mucho más que estudiar la situación de las cuentas». Aseguraron que «han estado, han firmado acuerdos con proveedores y de suministro, han utilizado los coches de empresa, fue AIAC la que nombró al nuevo director general, Ramón De la Sota, y han cobrado de Ramón Vizcaíno». «Si eso no es formar parte de la compañía...».
Así las cosas, el futuro de la emblemática firma guipuzcoana, que emplea a cerca de 400 trabajadores -200 de ellos en las instalaciones centrales del polígono Lintzirin- es cada día más negro.
Fuentes jurídicas consultadas por DV señalan que el «proceso lógico» que se espera en estos casos es que la compañía se declare en concurso de acreedores. A partir de ahí se abriría la pieza de calificación y se determinaría si el concurso es fortuito o culpable. Esto es, si es consecuencia de la evolución del negocio o si ha mediado algún tipo de irregularidad en la gestión, en cuyo caso los administradores responsables deberían responder con su propio patrimonio ante los acreedores.
Con el concurso en marcha, los administradores judiciales (un economista y un abogado nombrados por el juez y un administrador nombrado por los acreedores) elaborarían la relación de acreedores y su prelación (el grado de preferencia que se otorga a cada uno de ellos). Al mismo tiempo, se elaboraría un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la plantilla.
Prioridades de cobro
En cuanto a las prioridades de cobro, los acreedores se dividen entre los que mantienen con la empresa créditos especiales (garantizados, por ejemplo con hipoteca) y créditos generales. Los primeros tienen preferencia. Entre los segundos están Hacienda, la Seguridad Social, los trabajadores, y proveedores. La cantidad a pagar dependerá del valor de los activos de la empresa (terrenos, maquinaria...). Una vez saldados los créditos especiales, se prorratea la cantidad disponible entre los generales.
En el caso de los trabajadores, tendrán preferencia de cobro los salarios devengados hasta un mes antes de la fecha de concurso y los que se deban durante este procedimiento, con un máximo de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (641,40 euros). Toda la deuda anterior se considera crédito general.
En todo caso, la plantilla podrá recurrir al fondo de garantía salarial (Fogasa).